El valor de la cultura

Por Lic. Sergio Navatta.

Presidente Asociación Uruguaya de Músicos

Miembro fundador de la Coalición Uruguaya Para la Diversidad Cultural

A partir del año 2003 con la III Asamblea Nacional de la Cultura en Uruguay, comienza a gestarse una nueva era, la era de los “accesos” y el reconocimiento y desarrollo de los derechos culturales. Se instala el germen de una nueva institucionalidad de la cultura al poner sobre la mesa el concepto de un “Sistema Nacional de Cultura”, que trascendiera al ámbito cultural y que fuera recogido por intelectuales y políticos.

Junto con la era de los “accesos” comienza a desarrollarse, con esta primera propuesta, también la era de los “sistemas integrados”, que van dándole forma a esta transición conceptual del Estado, desde el concepto de Estado de bienestar hacia el concepto de Estado relacional. Cobran fuerza las propuestas sobre los sistemas nacionales e integrados, “Sistema Nacional de Cultura”, “Sistema Nacional de Salud”, “Sistema Nacional Integrado de Formación Artística”, “Sistema Integral de Seguridad Social” , “Sistema Integrado de Transporte” y otros, características propias de los Estados denominados “Relacionales”, en donde se consolidan los derechos culturales, se desarrolla la sociedad del conocimiento y la economía creativa, se vincula cultura y desarrollo hacia un nuevo paradigma y se desarrollan redes institucionales.

La actual expansión de las políticas culturales, la creciente complejidad del diverso movimiento cultural y la necesidad de una mayor legitimación en la toma de decisiones, se ha dado frente a una estructura político-Institucional que no ha permitido una participación efectiva en el diseño de instituciones más democráticas. En este período de gobierno se ha avanzado mucho, con una mayor apertura en respuesta a demandas, necesidades y sensibilidades ciudadanas, pero encontrándose aún inmersa dentro de un sistema que, a pesar de proyectos de descentralización, resulta todavía insuficiente la participación y el control ciudadano.

La definición de acciones culturales por parte del Estado, deberá orientarse de manera participativa y concertada, con políticas culturales de largo alcance, presupuesto adecuado, con estrategias y racionalización de recursos y procedimientos que lleven a líneas de acción coincidentes con las realidades y expectativas de los ciudadanos, que permitan procesos de larga duración.

Los sujetos y colectivos han ido construyendo con sus prácticas nuevos espacios que requieren de una institucionalización, más democrática y pluralista, que expresen expectativas de mayor participación.

Este desafío histórico requiere que tratemos de crear los mecanismos adecuados para que, desde lo cultural, se alimente la socialización que nos permita contribuir al enriquecimiento de los espacios de participación democrática, de manera realista y permanente. Sólo reconociendo y acudiendo a esos espacios y niveles de creación de la cultura para alimentar desde allí los proyectos de convivencia, podremos construir una ciudadanía efectiva basada en principios y prácticas democráticas de acción, participación e integración, que a su vez nos permita enriquecer la calidad de vida.

Rol del Estado

Cuando el Estado interviene en la regulación de las actividades humanas, como en la cultura, no ha de ser para imponer los contenidos culturales que se deben producir y difundir, sino para garantizar la diversidad cultural y promover el desarrollo cultural local. Y cuando hablamos de derechos de los individuos implica hablar de deberes del Estado, y en materia cultural cumplir con los deberes con la cultura implica garantizar, satisfacer y promover los derechos culturales de las personas.

En una formulación general la participación del Estado en el ámbito cultural consiste en reconocer, impulsar, estimular, coordinar, promover, priorizar y orientar los procesos y proyectos culturales de los distintos sectores de la población que contribuyan, propicien y enriquezcan la participación pública, en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad cultural y convivencia ciudadana.

Podríamos decir que las políticas culturales se materializan cuando se institucionalizan, sin organismos que definan objetivos, prioridades y obtengan los recursos necesarios para el ámbito cultural, no podemos hablar de políticas culturales.

La necesaria institucionalización de la cultura no solo en el ámbito estatal sino también en la sociedad civil, nos lleva a la necesidad de una coordinación y articulación entre Estado y sociedad civil, que en forma sinérgica impliquen dos ejes fundamentales del proceso cultural: construcción identitaria y derechos culturales.

La identidad de una sociedad es una construcción colectiva a través del tiempo, en donde a lo largo de la historia, las raíces identitarias que se conservan se fusionan y construyen nuevas formas que se difunden a través de nuevas expresiones culturales, incrementando así la diversidad cultural, motor y riqueza de la vida humana.

Con el reconocimiento de que los individuos son sujetos de derechos culturales, comienza a desplegarse en su plenitud la libertad cultural. Pero también, el reconocimiento de que los individuos son sujetos culturales, implica que son parte activa y participante del desarrollo cultural y global de la sociedad.

Los derechos culturales, que ya han dejado de ser el “subdesarrollo” de los derechos humanos, son derechos de carácter fundamental, como lo establece la UNESCO y la Carta Cultural Iberoamericana que expresa: “Convencidos igualmente de que la cultura se debe ejercer y desarrollar en un marco de libertad y justicia, reconocimiento y protección de los derechos humanos, y de que el ejercicio y el disfrute de las manifestaciones y expresiones culturales, deben ser entendidos como derechos de carácter fundamental;“

La libertad cultural, implica la diversidad de la oferta cultural y el derecho a su acceso, en donde las identidades nacionales, regionales y locales forman parte de esa diversidad. Según la UNESCO, el respeto a la diversidad y a la identidad cultural es un bien y un recurso que hay que promover y desarrollar por que contribuye, no sólo a la cultura en general y al arte, sino al desarrollo global de los pueblos.

Por otra parte, si observamos la definición establecida en la Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales en mayo del 2007,que es la más reciente y aceptada a nivel internacional, establece: “El término cultura abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo”

Cultura y desarrollo

La UNESCO habla de la importancia de la creatividad y la diversidad cultural incorporándola como un recurso fundamental para el desarrollo de los países emergentes.

El valor de la cultura en el desarrollo social y económico sostenible, en el bienestar de los pueblos y como dice la UNESCO “como base indispensable para el desarrollo integral del ser humano y para la superación de la pobreza y de la desigualdad”, ya es indiscutible. Ya no podemos dejar de vincular cultura y desarrollo, desde las declaraciones de la UNESCO hasta la Declaración de Friburgo se apunta hacia un nuevo paradigma de desarrollo en donde la cultura es el valor central. Concepto que va más allá de una perspectiva económica, en definir a la cultura solo como recurso o como factor de desarrollo, sino como definición y proyección del desarrollo en una sociedad, mucho más en la actual sociedad del conocimiento y de la información, de la economía creativa y de la innovación en ciencia y tecnología. El valor central hoy, se encuentra en la “creatividad”, necesaria para la producción de conocimiento, para la economía y para la innovación científico-tecnológica; innovación que no es otra cosa que “creatividad viable o materializable.”

Frecuentemente hablamos de justicia social, como distribución del ingreso e igualdad de oportunidades al acceso de bienes y servicios, pero también debemos hablar de “justicia cultural”, concepto que se define como “reconocimiento de las diferencias” y es esto es fundamental, la protección y defensa de la diversidad cultural comienza por el reconocimiento, que genere el respeto y la tolerancia que nos permitan avanzar hacia una integración socio-cultural.

Estos dos elementos señalados, distribución y reconocimiento, implican a su vez la igualdad de la participación, que exige la necesidad de distribuir los recursos materiales de forma que se garantice la libertad de opinión y de acción de los ciudadanos y también exige, sistemas institucionalizados de valores culturales que expresen igual respeto a todos los grupos e individuos y garanticen igualdad de oportunidades para alcanzar la estima social.

El principio de la diversidad cultural implica el reconocimiento de que la cultura es fundamental para la cohesión social y la identidad, es la expresión misma de las ideas y los valores de una sociedad.

La promoción y la preservación de la diversidad cultural requieren que los Estados y sociedad civil trabajen conjuntamente en apoyo a la cultura, a través de políticas y programas con medidas basadas en el respeto a la pluralidad.

Como se establece en la Convención internacional de la UNESCO sobre la “Protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales” no debemos contraer compromisos de liberación del comercio e inversiones, si éstos impiden a los Estados adoptar medidas de apoyo a la cultura, que impliquen el no poderse dar y aplicar sus propias políticas culturales y que las comunidades no tengan acceso a su propia cultura.

El desafío cultural que hoy nos enfrentamos de protección y promoción de la diversidad cultural, de diálogo entre culturas, de desarrollo de políticas culturales, es su inclusión en la agenda política de los Estados, que reafirme el reconocimiento de la dignidad de las diferencias culturales.

El camino natural a la integración pasa por la cultura, no debemos confundir “inclusión” con “integración”, las políticas de inclusión son un instrumento de acceso de los individuos al trabajo, a la salud, a la educación, etc, mientras que la integración es el proceso natural de las culturas integradas. La cultura es sustancial, no es un instrumento de la política, no es un factor de la economía, no es un recurso social, es el significado de nuestra existencia y desarrollo, es la expresión de nuestra humanidad, es la integración y la convivencia pacífica y su diversidad forma parte de la biodiversidad, por tanto, la supervivencia y desarrollo de la vida se ha debido a su biodiversidad, como la vida humana, además, se ha debido a su diversidad cultural.